Juan Calvo. Director de la Alianza por el Agua. Publicado en Ahora Baleares el sábado 20 de junio
El sábado 13 de junio se publicó en el BOIB la nueva Ley 4/2026 de medidas urgentes para acelerar proyectos estratégicos, en los que se rebajan los controles de suficiencia hídrica sobre el planeamiento urbanístico municipal. Este cambio normativo es un paso más en la reducción de controles y favorecer un mayor crecimiento urbanístico iniciado con los decretos de simplificación administrativa y de actuaciones urgentes aprobados durante los últimos dos años. Así, la Ley 7/2024 de medidas de simplificación administrativa supuso la eliminación de la Comisión Balear de Medio Ambiente, departamento de evaluación ambiental del Gobierno de las Illes Balears existente desde 1986. El mismo decreto ha posibilitado la legalización de viviendas en suelo rústico fuera de ordenación consolidando una presión urbanística sobre los recursos hídricos y dando premia. Por otra parte, la Ley 4/2025 de actuaciones destinadas a la obtención de suelo ha supuesto también abrir la puerta a urbanizar más en suelo rústico, desactivando los límites de crecimiento de los planes insulares territoriales entre otras medidas. Todo ello supone una aceleración de la destrucción del territorio y en última instancia una mayor presión sobre los recursos hídricos, actualmente en situación límite.
Así, estos cambios normativos se han producido al tiempo que en las islas sufríamos una de las sequías más fuertes que recordábamos, y con los acuíferos agotados, contaminados o salinizados a causa de un crecimiento urbanístico aún sin límite. En este sentido, hemos llegado a unos territorios insulares en los que los usos urbano y residencial son los que más agua consumen, llegando hasta el 91% en Ibiza y el 94% en Formentera, pero también con porcentajes muy altos en Mallorca y Menorca (73 y 75%, respectivamente). La isla de Eivissa es un buen ejemplo de esta tendencia. En 1996 el uso principal era el agrícola (54%) y en menor porcentaje los usos urbanos y residenciales (45%). Treinta años después, la agricultura en Eivissa casi ha desaparecido y sus consumos sólo suponen ya un 7% del total. En cambio, el urbanismo no se detiene.
Esta presión urbanística sin límite auspiciada por las nuevas normativas agrava la crisis hídrica en nuestras islas con los acuíferos en un estado generalizado de sobreexplotación, contaminación o salinización. Formentera tiene su único acuífero en mal estado, en Eivissa ya se ha llegado a 13 de las 16 masas de agua subterránea en mal estado. En el caso de Menorca ya se llega a 4 de los 6 acuíferos sobreexplotados o contaminados y por último en Mallorca todavía está a más de la mitad de los acuíferos deteriorados. Aún así, se sigue sobreexplotando los acuíferos, a costa de perder la calidad del agua del grifo, o de sufrir cortes de suministro, como el pasado verano en muchos pueblos de las islas. O incluso recibir agua no apta para beber por exceso de nitratos o cloruros, como ha sucedido en Maó o en municipios del levante de Mallorca durante los últimos años. Si extendemos este análisis de falta de suficiencia hídrica a la capacidad depuración de las aguas residuales, el escenario es igualmente malo. Como ejemplo, la depuradora de Ibiza se ha tardado más quince años en construir o la nueva depuradora de Palma que todavía está sin construir desde hace más de veinte años. Mientras continuamos viendo depuradoras sobrepasadas y un alcantarillado obsoleto que provoca el vertido aguas residuales mal depuradas en el mar. Esta temporada ya ha sido noticia el cierre de playas en la bahía de Portmany por un vertido de aguas fecales y desgraciadamente vendrán más noticias similares.
Por todo ello, ante la crisis hídrica que sufren las Islas Baleares debería tomarse la decisión de detener cualquier tipo de crecimiento urbanístico que no tenga garantizado el agua y no hacer lo contrario como se ha hecho esta legislatura. Más aún cuando nos encontramos con una incapacidad de las administraciones de renovar las infraestructuras hídricas al mismo ritmo que el crecimiento urbanístico. Y no vale utilizar la crisis de la vivienda como coartada para crecer más y desactivar los controles ambientales. Sin agua en nuestros acuíferos tampoco tendremos agua para las nuevas viviendas. Sin embargo, nuestras instituciones están fracasando en la recuperación de los recursos hídricos. Esta situación viene de lejos y no es una cuestión única de esta legislatura. En las dos últimas legislaturas progresistas se avanzó en la protección del territorio, pero no pudo acelerarse la mejora de las infraestructuras hídricas. En cambio, esta legislatura se han dado pasos positivos incrementando la inversión y dotando a más personal, pero estas medidas son inútiles si el Gobierno a la vez sigue abriendo la puerta a urbanizar más.
Ante esto, hace falta urgentemente una gobernanza del agua orientada al interés general, que haga contrapeso a los intereses particulares de constructores, promotores y fondos de inversión que viven de la especulación urbanística y comprenden voluntades. Es necesario que las instituciones responsables escuchen a la sociedad civil y tengan en cuenta la realidad que sufrimos, limitando el crecimiento, priorizando la reducción de las demandas hídricas y cerrando el ciclo del agua. Así, lo demandaron recientemente la mayoría de los sectores de la sociedad de la isla de Eivissa en la mesa de diálogo del agua promovida por la Alianza. En cambio, se sigue promoviendo más construcción y más desaladoras sin consenso. En definitiva, hace falta una gobernanza más democrática en la que decisiones sobre cuestiones críticas en nuestras islas como el agua y el territorio, se hagan mediante consensos amplios, con participación y transparencia, tal y como ya lo establece la Directiva Europea de Agua aprobada en el año 2000.
Este junio el Papa León XIV ha visitado España y llama la atención que tenga que venir el máximo representante de la Iglesia, institución históricamente conservadora, para instar a las fuerzas políticas a salir de la polarización y recordarnos valores básicos como la solidaridad o la defensa del bien común. Este Papa continúa la labor de su antecesor Francisco, que destacó por su defensa del medio ambiente. Sus palabras nos recuerdan lo que ya han dicho otros líderes mundiales de ideologías aparentemente lejanas, como el expresidente de Uruguay Pepe Mujica, quien ya advirtió de que la crisis ecológica es en el fondo una crisis de gobernanza. Sus discursos pueden sonar también a palabras vacías, pero la solución para unas islas frágiles y masificadas como las nuestras también pasa precisamente por actuar con una ética social y ecológica. Sólo será posible un cambio de rumbo cuando sean incuestionables valores básicos universales como ayudar a las personas más vulnerables o gozar de un medio ambiente saludable. Nuestros gobernantes deberían tomar nota de lo que líderes tan diferentes coinciden: que hay derechos básicos que no deberían entrar en el juego político, como el derecho a una vivienda digna, la regularización de los emigrantes o, en el caso que nos ocupa, la protección del territorio y la recuperación de los acuíferos. Aún estamos a tiempo de darle la vuelta.
Juan Calvo
